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El BBVA investiga los «servicios prestados» por Villarejo para el banco

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El BBVA está investigando la actuación del Grupo Cenyt, la empresa del excomisario Villarejo, para la entidad. En concreto, estudia si realmente hubo o no comportamientos ilícitos y, por tanto, si se cometió alguna irregularidad como las escuchas a los muñidores del intento de asalto al banco por parte de Sacyr. 

En un escueto comunicado, el banco asegura que desde el pasado mes de junio se abrió una investigación en profundidad sobre «la contratación y los servicios prestados» por Cenyt. En aquel entonces salieron a la luz las primeras informaciones que apuntaban a que la entidad financiera habría contratado los servicios del excomisario. 

Junto a ese análisis interno se ha contratado «a un despacho externo de abogados una revisión independiente de los hechos y de la documentación disponible». Unas investigaciones que «están en curso» en este momento. 

A falta de conocer los detalles, y tras conocerse que Villarejo realizó escuchas a más de 15.000 llamadas durante el asalto de Sacyr al BBVA, la entidad asegura que se trata de informaciones de una «gravedad extrema». 

Es por ello por lo que el banco insiste en que «si en las investigaciones se acreditara la existencia de irregularidades, tomará las medidas internas que procedan y llevará a cabo las acciones judiciales pertinentes«. 

Con este escueto comunicado la entidad financiera sale al paso de las últimas informaciones publicadas por Moncloa.com. En ellas se describe cómo Villarejo, por orden del BBVA de Francisco González, escuchó a Miguel Sebastián, ex jefe de la Oficina Económica de Moncloa; Carlos Arenillas, vicepresidente de la CNMV; el expresidente de Sacyr, Luis del Rivero y su vicepresidente, Juan Abelló, entre otros muchos.

En Octubre salió al paso 

Ya el pasado mes de octubre, tras conocerse que la entidad había abonado cinco millones a Cenyt entre 2012 y 2017, portavoces del banco dijeron a EL ESPAÑOL que los servicios prestados por dicha sociedad estaban relacionados, en su mayor parte, “con la investigación patrimonial de deudores y consultoría sobre seguridad”, especialmente importantes en viajes de directivos fuera de España, con todos los riesgos que eso comporta.

El banco insistía entonces en que “todos los contratos, de manera expresa, citaban la obligatoriedad del cumplimiento de la legislación”. Asimismo, señala que todos los pagos se facturaron con normalidad en España y que “de la información obtenida no hay indicio alguno de ilegalidad”.

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