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García Juliá estuvo huido en Bolivia, Chile, Argentina, Venezuela y Brasil

  • Permanecía en paradero desconocido desde 1994 que salió de España
  • La Fiscalía instará a la Audiencia Nacional a solicitar su extradición

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Reportaje RNE – Los días de plomo

En 1994 solicitó autorización judicial para salir de España para "hacer efectiva una aceptación de oferta laboral". Se le impuso entonces la condición de presentarse mensualmente ante la Embajada de España en Asunción, pero el condenado no cumplió con su obligación.

Así, en agosto de 1996 el juez de vigilancia revocó su libertad condicional porque, dice la orden de arresto, "no cumplió las condiciones impuestas para la condición de libertad condicional, dejó de presentarse en la Embajada, salió de Paraguay y cometió nuevos delitos de tráfico de estupefacientes en Bolivia, por lo que fue detenido en mayo de 1996".

En 2001, la Audiencia Nacional emitió a Bolivia una orden de detención a efectos de extradición, porque estaba allí entonces preso García Juliá por narcotráfico. En la orden, se explica que el condenado dejó de cumplir con las condiciones que le impuso el juez de vigilancia penitenciaria tras viajar a Paraguay con el permiso del magistrado.

En 2017 se emitió una nueva orden internacional de detención, momento en el que se iniciaron las gestiones más intensas para dar con el paradero de García Juliá. La investigación determinó que podría estar en la ciudad brasileña de Sao Paulo, donde residiría fugado bajo la identidad de un ciudadano venezolano.

El pasado mes de julio, gracias a la cooperación internacional, la Policía Federal de Brasil detectó a García Juliá en el país y se lo comunicó a la Policía Nacional española.

Le quedan 10 años y medio de pena por cumplir

A Carlos García Juliá le quedan por cumplir en España 3.855 días de condena (diez años y medio), según la orden de detención internacional cursada en 2017 por la Audiencia Nacional y consultada por Efe.

Esta es la cifra que aparece en la última orden de arresto que dictó el tribunal que condenó a García Juliá en 1980, de los cuales en la práctica solo debe cumplir el máximo legal de 30 años, según recoge también esta orden internacional de detención.

El detenido deberá someterse a un nuevo juicio cuando sea entregado a España por quebrantamiento de condena, según han informado a Europa Press en fuentes jurídicas.

La Fiscalía, a favor de la extradición

La Fiscalía instará a la Audiencia Nacional a pedir la extradición a España de García Juliá porque considera que su condena no ha prescrito. Según fuentes del ministerio público a TVE, la pena impuesta al detenido no habría prescrito, ya que no han pasado 30 años desde que el preso quebrantó el cumplimiento de su pena y que correrían desde 1996, año en que el juez revocó su libertad condicional.

Estos 30 años de prescripción son los establecidos en el artículo 133 del Código Penal para condenas de más de 20 años de cárcel, como es el caso de García Juliá.

En 2001, la Fiscalía informó a favor de proponer la extradición (tal y como hará ahora) y también de que se dictara orden de detención preventiva a efectos de extradición a las autoridades de Bolivia. Pero esa entrega nunca ocurrió y García Juliá estuvo huido también en Chile, Argentina, Venezuela y Brasil, por donde se movía al disponer de documentación a nombre de otras personas.

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